De la República Democrática a la Algorítmica: Thiel, el Estado Red y el Constitucionalismo Digital

I. El problema de la democracia y el dogma de la República

Tanto Platón como Churchill se refirieron a la democracia como un sistema malo y problemático.[1] Borges lo simplificaba con unas sentencias paradigmáticas: “la democracia es un abuso de la estadística”, y la profesión de político democrático, “uno de los oficios más tristes de la humanidad”.[2] Aun cuando pensemos en todas las complicaciones que tiene, si la comparamos con el fascismo, el comunismo, el régimen feudal o alguna mezcla entre ellos, es evidente que la democracia es el sistema menos dañino. Es también el que hasta ahora ha hecho posible, en los hechos, la idea de república y su consecuente límite al poder. Pero aquí aparece justamente un primer dogma: “democracia = república”. Si nuevos pensadores plantearan un sistema divergente de todo lo anterior que no sea democrático en su forma tradicional, por la mera invocación de esa premisa su planteo quedaría estigmatizado en irracionalidad y maldad política (algo así como “todo lo que no sea democracia es fascismo o comunismo disfrazado”). Luego volveremos sobre esto.

No debemos olvidar algo que puede representar una realidad muy incómoda: la democracia representativa tradicional, aun cuando en principio pueda favorecer la convivencia pacífica, el pluralismo y la dignidad humana, se encuentra arquitectónicamente viciada por élites intermediarias y burocracias opacas.[3] A esto se suma que a otras élites, situadas por encima de las nacionales, el sistema parece cerrarles por una cuestión de adaptación, ya centenaria en la mayoría de los países. Además de la captura por élites internas o externas, entre los problemas graves que la democracia aporta a la sociedad se encuentran los momentos de tiranía de la mayoría circunstancial (una mayoría circunstancial no es sinónimo de justicia ni de verdad, y tratarla como tal es una falacia),[4] la asimetría entre gobernantes y ciudadanos, el cortoplacismo, la demagogia[5] y algo que parece un terrible desvelo moral: que en los hechos posibilita que el principio rector que juega en la arena política sea que el fin justifica los medios (principio que contaminó moralmente a varios partidos y, en ocasiones, a repúblicas enteras).

Existe además un hecho que ayuda a explicar por qué el statu quo no cambia. Los Estados democráticos conviven con déficits persistentes y con niveles de deuda que ninguno puede permitirse dejar de refinanciar. El sistema les tolera ese déficit casi infinito porque la deuda soberana de los grandes Estados funciona, al mismo tiempo, como el activo de referencia sobre el que se sostienen el comercio y el crédito globales.[6]

En un sistema parlamentario los problemas se mitigan un poco, pero la dinámica permanece inalterada. Volvamos al símil “democracia igual a república”, porque es central para el desarrollo de las nuevas formas de gobierno tecnológico. Estas tres premisas no son dogmas válidos: 1) que la república es igual a la democracia, con una interdependencia total; 2) que, en consecuencia, no puede existir otro régimen republicano sin democracia; y 3) que todo régimen no democrático es fascista o comunista.

La distinción tiene, además, un linaje clásico. Madison, en El Federalista n.º 10, separaba la república (gobierno mediante representantes, con un esquema de frenos) de la democracia pura; Kant, en La paz perpetua, definía el republicanismo por la separación entre el poder que hace la ley y el que la ejecuta, cualquiera sea el número de quienes gobiernan.[7] En esa tradición, lo republicano refiere a cómo se limita el poder y lo democrático a quién lo autoriza. Esta distinción será la llave de la última parte del artículo.[8]

Bajo este prisma, las nuevas ideas libertarias y tecnológicas (de Peter Thiel principalmente, de Curtis Yarvin, alias Mencius Moldbug, y el neocameralismo, de Hans-Hermann Hoppe, u otras vertientes como Balaji Srinivasan y el Estado Red, The Network State, o incluso los planteos de la democracia blockchain) caerían todas en esa categoría.

Para entender el paisaje teórico al que aspira esta visión libertaria y tecnológica, hay que ver cómo estos pensadores desarticulan la ecuación “república = democracia”. Los analizaremos por separado, veremos cómo se han relacionado con movimientos pseudolibertarios actuales y cuál es la salida del sistema, si es que hay alguna.

II. La alternativa. La base teórica de Thiel (la “salida” sobre la “voz”)

El programa de Thiel puede leerse con el marco conceptual que el economista Albert Hirschman propuso en Exit, Voice, and Loyalty (1970), y que Srinivasan haría explícito en 2013 para el mundo tecnológico.[9] La voz es la democracia: implica intentar cambiar un sistema desde dentro mediante el voto, la deliberación y la política. Thiel sostiene que la democracia de masas destruye gradualmente la libertad porque la dinámica electoral incentiva el crecimiento ilimitado del gasto público, el corporativismo y la redistribución rentista. Lo dijo de manera tajante en 2009: “ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”.[10]

La salida (exit) es la competencia entre jurisdicciones. Significa la capacidad de votar con los pies o con el capital.[11] Si un ciudadano o una empresa pueden migrar a otra jurisdicción con bajo costo, los gobernantes se verían obligados a competir entre sí ofreciendo mejores condiciones, seguridad e impuestos bajos. A partir de esta premisa, Thiel identificó tres fronteras de “salida”, a las que la práctica posterior agregó una cuarta, más terrestre:[12]

El ciberespacio: creación de economías y criptomonedas descentralizadas fuera del control estatal.

El espacio exterior: colonización y jurisdicciones fuera de la Tierra.

El mar (seasteading): ciudades flotantes en aguas internacionales (el Seasteading Institute, fundado en 2008 por Patri Friedman y Wayne Gramlich con el capital inicial de Thiel).[13]

Las ciudades chárter y las ZEDE: creación de enclaves de jurisdicción especial dentro de Estados soberanos pero con autonomía regulatoria e institucional amplia (el antecedente directo de Pronomos Capital y de Próspera).[14] Pronomos Capital es un fondo impulsado por Patri Friedman y respaldado por Thiel, Marc Andreessen y Balaji Srinivasan.[15] Su lógica puede resumirse como “gobernanza como servicio”: el objetivo no es hacer política, sino vender servicios jurisdiccionales en un mercado abierto. En Próspera (Roatán, Honduras) este modelo cobra vida tangible. Opera bajo tres principios:

a) Tiene una estructura contractual, ya que la relación entre el habitante o la empresa y la administración no se basa en un “contrato social” tácito e impuesto, sino en un contrato firmado explícitamente (el Acuerdo de Convivencia, Agreement of Coexistence).[16]

b) Desregulación mediante seguros: en lugar de burocracias estatales que aprueben licencias de construcción, salud o industria, Próspera exige a sus residentes un seguro de responsabilidad civil contratado en el mercado. La aseguradora pasa a ser la reguladora eficiente: si el proyecto es seguro, la prima es baja; si es riesgoso, la prima sube o no se asegura.[17]

c) Competencia de códigos jurídicos: los residentes y las empresas pueden optar por aplicar los marcos regulatorios de jurisdicciones extranjeras aprobadas o esquemas de derecho común (common law), y resolver sus disputas en tribunales de arbitraje privado.[18]

Siendo más sintético, este esquema parte de tres ventajas teóricas con respecto a la república democrática: una estructura de acuerdo de voluntades de origen real y claro (y no el supuesto contrato social de Rousseau), un esquema antiburocrático (basado en el riesgo verificable del mundo del seguro) y una competencia meritocrática entre ordenamientos jurídicos (que, en teoría, dificulta la captura por élites internas o externas).

Curtis Yarvin (Mencius Moldbug) y el neocameralismo

Yarvin es una de las mayores influencias filosóficas de la derecha tecnológica de Silicon Valley y mantuvo una relación intelectual y económica cercana con Thiel.[19]

Su tesis parte de que la democracia es ineficiente e inestable porque nadie es “dueño” del Estado; los políticos son arrendatarios temporales que saquean la propiedad pública antes de que termine su mandato.

La alternativa que propuso es el neocameralismo. Implica rediseñar el Estado como una corporación de propiedad privada (Gov-Corp). La junta directiva (los accionistas) nombra a un CEO (el Ejecutivo) profesional cuya única función es maximizar el valor de la tierra y la seguridad de los residentes. No hay elecciones masivas; hay eficiencia de gestión y estado de derecho estricto.

Hans-Hermann Hoppe y la preferencia temporal

Este filósofo político alemán, libertario y anarcocapitalista, argumentó en Democracy: The God That Failed que la democracia promueve una alta preferencia temporal (consumo e irresponsabilidad en el corto plazo).[20] Para Hoppe, un orden de propiedad privada, o incluso una monarquía tradicional, preserva mejor el capital que la democracia representativa, ya que el gobernante o propietario tiene un incentivo patrimonial de largo plazo.

Los experimentos de la democracia algorítmica

La posibilidad de que la tecnología blockchain, las DAO, la votación cuadrática y la democracia líquida eliminen la intermediación y agreguen preferencias de forma transparente y distribuida (en conexión con la visión de Friedrich Hayek sobre el conocimiento disperso) se ha probado en diversas partes del mundo, con resultados dispares.[21]

Balaji Srinivasan y el Estado Red (The Network State)

Srinivasan propone un camino de lo digital a lo físico: comunidades alineadas moral e ideológicamente se organizan primero en línea, acumulan capital, negocian con Estados soberanos la compra de territorios con autonomía y construyen nodos físicos interconectados globalmente, con gobernanza basada en contratos inteligentes y criptografía.[22]

III. El prejuicio de statu quo, los límites pragmáticos y cómo el sistema absorbe la rebeldía para perpetuarse.
La diferencia esencial: no es fascismo sino gobernanza contractual

El error habitual de la ciencia política tradicional o del pensamiento de centroizquierda al analizar a Thiel o a Próspera es intentar encasillarlos en el eje ideológico lineal (izquierda/derecha) o asumir que toda crítica a la democracia busca un líder fuerte (un populismo autocrático al estilo de Bukele o Trump). La diferencia radical estriba en la fuente de legitimidad: el nacional-populismo (derecha autocrática) utiliza el poder coercitivo centralizado del Estado para imponer valores culturales, fronteras rígidas y control sobre los individuos mediante el monopolio de la fuerza.

El libertarismo arquitectónico busca la descentralización absoluta y el consentimiento explícito. No pretende imponer un sistema único a nadie, sino crear “islas de prueba” voluntarias donde la gobernanza funcione bajo un esquema mercantil y meritocrático.

Thiel y sus aliados no buscan reinstaurar el fascismo ni un régimen estamental rígido, sino despojar a la política de su carácter místico y convertir la gobernanza en un servicio técnico, competitivo y voluntario, basado en el mérito, la competencia de mercado y el derecho contractual.[23]

Es esencial despojarse de este preconcepto y del pensamiento dogmático antes descrito. Pero, indudablemente, al adentrarse en la materialización de la idea comienzan los problemas de implementación, de defensa del propio sistema y las contradicciones.

La “Paradoja del Hospedador”: por qué la salida tropieza con la autocracia

El libertarismo de salida sufre un problema de incentivos estructurales al momento de materializarse en el mundo físico, porque las democracias consolidadas jamás ceden soberanía. Un Estado de bienestar moderno con instituciones fuertes (Estados Unidos, Alemania, Japón) nunca va a otorgar a un tercero un enclave con autonomía fiscal, judicial y regulatoria. Su monopolio de la violencia y de la recaudación no está a la venta.[24]

Aquí entramos en la dependencia de regímenes frágiles o autocráticos. Para conseguir el terreno y la ley marco de una ZEDE o ciudad chárter, los desarrolladores privados tienen que negociar con los únicos actores dispuestos a vender o ceder ese poder: gobiernos de países en desarrollo, a menudo signados por la debilidad institucional, el corporativismo o el caudillismo (como el Congreso hondureño presidido por Juan Orlando Hernández, que habilitó las ZEDE en 2013, y el gobierno que él mismo encabezó después).[25]

Esta necesidad crea una vulnerabilidad pragmática de doble vertiente:

a) Riesgo político e inestabilidad: al depender del decreto o del favor de un régimen autoritario o corporativo, el proyecto no descansa en un marco de seguridad jurídica sólido, sino en un acuerdo político volátil. Cuando el poder cambió de manos (con la llegada de Xiomara Castro a la presidencia de Honduras en 2022), la ZEDE enfrentó amenazas directas de expropiación, que derivaron en un arbitraje internacional multimillonario ante el CIADI y paralizaron la inversión.[26] El nuevo cambio de gobierno en 2026 dejó el conflicto abierto y lo trasladó a una mesa de negociación, ahora con una denuncia penal de por medio.

b) Derrota narrativa: le regala a la centroizquierda y al statu quo el argumento perfecto. Para la crítica socialdemócrata resulta trivial empaquetar el proyecto diciendo: “Miren, estos libertarios que hablan de libertad terminan haciendo negocios con la corrupción y el autoritarismo local para fundar feudos privados de ricos”. Se ignora así la base teórica del contrato voluntario y se la equipara con un neocolonialismo de enclave.

El caso Milei: el “efecto Che Guevara” de la política libertaria

Años después de la muerte del Che Guevara, el capitalismo encontró una forma de usufructuar la rebeldía: las ventas de su imagen hacían rentable comercializar lo antisistema, solo para terminar alimentándolo más.[27] El mayor triunfo del statu quo es la cooptación difícil de percibir. La política electoral empuja al reformista radical al pantano de la transacción diaria. Al gestionar el Estado, el “libertarismo” de Milei se dejó cooptar en la arena del toma y daca.[28] Adicionalmente, para la teoría pura de la Escuela Austríaca (Mises, Rothbard, Hayek), un banco central no se “limpia” ni se gestiona: se cierra.[29] La inflación no se controla con el tipo de cambio ni se administra mediante pautas de devaluación (crawling peg) o controles (cepo): la moneda flota libremente desde el primer día,[30] y tampoco se fijan los salarios de los particulares para regular la inflación.[31] No existe la emisión de deuda pública ni la ingeniería de absorción monetaria, ya que la moneda y el crédito deben ser determinados exclusivamente por el mercado y el ahorro real.

Siguiendo a Ayn Rand,[32] en el egoísmo racional y meritocrático tendría que haber reglas de juego iguales para todos, erradicación de prebendas estatales, contratos transparentes y competencia libre. En lo que podríamos denominar “el egoísmo de facción” (pragmatismo prebendario) se licúan ingresos vulnerables (como las jubilaciones) para cerrar las cuentas públicas,[33] mientras se conceden desregulaciones o beneficios normativos a sectores corporativos aliados para mantener apoyos políticos y se intenta estructurar un poder judicial mediante la designación de personas afines.[34] Esto no representa a la Escuela Austríaca ni al principio de no agresión; representa un intento más de mercantilismo de Estado bajo un nuevo discurso. En definitiva, al sistema le conviene que este intento de ajuste distributivo, de negociación de cúpula y de sufrimiento social exponencial pase por libertario.[35]

La convergencia del problema

Tanto la paradoja de Próspera y las ZEDE como la lectura deformada de experimentos macroeconómicos demuestran el mismo fenómeno: el debate público prefiere calificar la etiqueta ideológica antes que analizar el diseño de incentivos.

La salida libertaria sigue buscando un espacio en la física terrestre que no dependa de la política tradicional, pero mientras requiera el permiso de un gobernante soberano para nacer, estará expuesta a la cooptación o al rechazo del mismo sistema que intenta trascender.

IV. ¿Es el Estado Red la única salida? Sus límites

La razón por la cual la propuesta de Balaji Srinivasan (The Network State) resulta atractiva es que invierte por completo la secuencia tradicional de construcción de poder político.

Las vías anteriores han demostrado tener trampas estructurales. Como hemos visto, el libertarismo de “salida física” (ZEDE, Próspera) intentó negociar autonomías ex ante con Estados débiles o autócratas y quedó a merced de la volatilidad política local.

Por otro lado, el libertarismo electoral (Milei y la política tradicional afín de otros países) intenta tomar el control del Estado para desarmarlo desde dentro, pero, aun prescindiendo de las particularidades ya comentadas que lo alejan de lo liberal y lo libertario, tiende a quedar atrapado en el fango presupuestario, la emisión indirecta y las concesiones prebendarias para sostener la gobernabilidad.

 El principio cardinal: “Cloud First, Land Last”

La tesis de Balaji evita la trampa electoral y el hospedaje autocrático mediante una estrategia que plantea una serie de pasos:[36]

1.        Comunidad e ideología digital (nube primero): en lugar de comprar tierra o pedir permiso a un gobierno, se organiza una comunidad digital alineada en torno a valores, cultura y un propósito ético o meritocrático explícito.

2.        Economía e identidad descentralizadas: el siguiente paso es la construcción de una economía interna mediante criptografía, contratos inteligentes y reputación computable, sin depender del sistema bancario tradicional ni del arbitraje estatal.

3.        Ciudades efímeras (pop-up cities): la comunidad ya constituida se reúne temporalmente en el mundo físico durante semanas o meses para probar gobernanza, convivencia y prototipos legales en el mundo real.

4.        Adquisición de nodos físicos: una vez acumulados el capital, la densidad demográfica y el alineamiento cultural, la red financia colectivamente o compra múltiples propiedades físicas dispersas por el mundo (un archipiélago territorial).

5.        Reconocimiento diplomático: el último paso se producirá cuando el Estado Red tenga una población masiva, un censo criptográfico inalterable y una economía propia; entonces negociará el reconocimiento soberano con países existentes, no como un peticionante desarmado, sino como una potencia económica multinacional.

¿En qué estado se encuentra hoy esta idea?

El concepto ha pasado de ser un libro manifiesto (publicado en 2022) a un ecosistema de experimentación activa. Por un lado está el fenómeno de las pop-up cities: experimentos como Zuzalu (impulsado inicialmente por Vitalik Buterin en Montenegro, en 2023) y sus réplicas en distintos países han servido como laboratorios donde cientos de personas conviven durante uno a tres meses. Allí se prueban marcos de identidad digital verificable mediante pruebas de conocimiento cero (zero-knowledge), proyectos de salud orientados a la longevidad, arbitrajes privados y modelos de convivencia fuera de la burocracia municipal tradicional.[37] Por otra parte, la iniciativa impulsada por Balaji, la Network School, comenzó en septiembre de 2024 como un programa piloto en Forest City (Johor, Malasia) y se convirtió en una comunidad permanente de residencias y espacios de trabajo (society-as-a-service), con miembros de más de ochenta países. Su trayectoria reciente, sin embargo, ilustra mejor que cualquier teoría el problema que analizamos: en julio de 2026 el municipio de Iskandar Puteri revocó su licencia comercial y la sede fue clausurada, y en paralelo Srinivasan anunció un memorando de entendimiento con Kazajistán para abrir un nuevo campus.[38] Finalmente, existen desarrollos territoriales alineados como Praxis, un proyecto que asegura haber obtenido compromisos de financiamiento por cientos de millones de dólares para construir distritos físicos con un enfoque arquitectónico y normativo privado, y que en septiembre de 2026 anunció una inversión en Uruguay, en el desarrollo “+Colonia”.[39]

Los límites de la física

El Estado Red es una estrategia interesante para construir infraestructura social y jurídica transnacional, pero su transformación en soberanía política sigue siendo una hipótesis que deberá demostrar su viabilidad con el tiempo. Asimismo, el Estado Red no es una varita mágica: enfrenta el obstáculo primario de que los seres humanos siguen teniendo cuerpos físicos que consumen alimentos, energía y espacio. Mientras un miembro del Estado Red resida físicamente en una ciudad tradicional, seguirá sujeto a la policía y a los impuestos del Estado anfitrión. El caso de Forest City lo muestra con claridad: la estrategia “nube primero” posterga la Paradoja del Hospedador, pero la reencuentra intacta en cuanto toca tierra, y basta la revocación de una licencia municipal para clausurar la sede de una comunidad de cientos de personas. Aun así, representa la vía más sólida para demostrar que la alternativa a los problemas de la democracia tradicional (incluso buscando mantener y maximizar lo mejor de la democracia de masas) no es el fascismo ni el caudillismo, sino la construcción de una infraestructura social y jurídica paralela. Veremos ahora sus principales (y graves) problemas estructurales.

V. Las tres trampas estructurales del Estado Red

Si el Estado Red de Balaji adopta la “democracia algorítmica” como su mecanismo de soberanía, se topará con lo que podemos denominar “trampas estructurales”.

A. La trampa de la legitimidad procedimental (“Voting on the Black Box”)

En una nación digital orientada al código, los ciudadanos o socios votan parámetros (tasas de colateral, reglas de arbitraje, códigos de conducta o asignación de recursos) mediante tokens o democracia líquida.

Un procedimiento democrático u on-chain, por más transparente y correcto que sea en su superficie, no puede legitimar lo que ocurre dentro de una caja negra algorítmica.[40] Los votantes son soberanos sobre la interfaz, pero no son soberanos sobre el algoritmo.

Si los contratos inteligentes o los agentes de IA del Estado Red ajustan variables complejas, la comunidad estará votando números sin poder comprender jamás las consecuencias sistémicas de segundo y tercer orden.[41]

B. Dependencia epistémica colectiva (la fachada de la DAO)

El Estado Red promete que la delegación líquida evitará a los políticos profesionales. Sin embargo, en casos como el de MakerDAO, la “democracia algorítmica” ha engendrado una dependencia epistémica colectiva.[42] La masa de poseedores de tokens carece de la capacidad técnica para evaluar propuestas complejas. El verdadero poder migra a comités técnicos (como lo fue la Risk Core Unit de MakerDAO) y a un puñado de grandes tenedores. En esta dinámica, el voto on-chain corre el riesgo cierto de convertirse en un mero sello de goma que esconde la verdadera toma de decisiones.[43]

C. Los desajustes estructurales (speed, scope & alignment mismatches)

Existen tres desajustes que erosionan el modelo democrático algorítmico a medida que los sistemas ganan complejidad y velocidad:

1.        Desajuste de velocidad (speed-deliberation mismatch): una deliberación comunitaria en el Estado Red puede tomar días o semanas; las ejecuciones en mercados, arbitrajes o infraestructura digital ocurren en milisegundos.[44]

2.        Desajuste de alcance (scope-comprehension mismatch): la delegación líquida no puede integrar impactos cruzados complejos entre múltiples dominios que interactúan de forma no lineal.[45]

3.        Desajuste de alineamiento (alignment-accountability mismatch): un sistema automatizado o uno o varios agentes de IA que gestionen la gobernanza del Estado Red tendrán incentivos para “optimizar la métrica que se vota” mientras desvían el resultado real fuera del alcance de los votantes.[46]

El Estado Red propone un vehículo de escape geográfico y digital potentísimo, pero se queda en el diseño del nivel de la gobernanza (el procedimiento). La gobernanza sola es insuficiente. Sin límites de fondo, el Estado Red corre el riesgo de mutar en una nueva forma de oligarquía tecnocrática. Antes de ver cómo podrían integrarse esos límites, conviene detenerse en el problema que todos los modelos revisados comparten.

VI. De la fuente de la autoridad a su límite: el giro republicano

Si repasamos el recorrido, cada modelo respondió a la crisis de la democracia representativa cambiando el origen de la autoridad. Thiel y Próspera la fundan en el contrato; Yarvin, en la propiedad; Hoppe, en el horizonte patrimonial del gobernante; las DAO, en el voto computable; Srinivasan, en una comunidad que primero se elige y luego se territorializa. Ninguno de esos cambios responde por sí mismo a la pregunta que importa a quien vive bajo esa autoridad: qué puede hacer cuando quien gobierna se equivoca, abusa o simplemente decide sin rendir cuentas.

Tabla 1. Fuentes de legitimidad y vulnerabilidades de cada modelo

Nota: la matriz es una hipótesis comparativa y no un resultado empírico ya demostrado en todos los casos.

La tabla muestra un patrón. En las cinco primeras filas, la columna de la legitimidad dice de dónde viene el poder y la columna de la vulnerabilidad dice, en distintas palabras, lo mismo: que nadie fuera del círculo que gobierna puede frenarlo. Los propios diseños lo confirman. En Próspera, el consejo de gobierno combina miembros electos con miembros designados por la empresa promotora, y la mayoría calificada que exigen ciertas decisiones (como las que terminan contratos existentes) le permite a esta bloquearlas.[47] En la definición canónica de Srinivasan, el Estado Red tiene “un fundador reconocido” y “un gobierno consensual limitado por un contrato social inteligente”, pero el libro deja abierto qué contenido tiene ese límite y quién lo hace valer.[48] En MakerDAO, el voto universal de los tenedores convivió con votaciones decisivas definidas por cuatro entidades.

El problema adopta formas distintas según se trate de representantes electos, propietarios, gestores, titulares de tokens o fundadores de una comunidad digital. La cuestión constitucional consiste en determinar si existen límites exigibles y vías efectivas de revisión que no dependan exclusivamente de la voluntad de esos mismos actores.

La doctrina republicana tiene un nombre para este problema: dominación. Para Philip Pettit y Quentin Skinner, una persona es libre cuando ningún otro tiene la capacidad de interferir arbitrariamente en sus decisiones, y esa capacidad es arbitraria cuando quien la ejerce no está obligado a atender los intereses de los afectados ni puede ser cuestionado por ellos.[49] La consecuencia es incómoda para todos los modelos revisados: el esclavo de un amo benévolo sigue siendo esclavo, aunque nunca reciba una orden injusta. Por eso el consentimiento inicial, por más explícito que sea, no alcanza. Un contrato que entrega a una de las partes un poder unilateral para modificar las reglas, expulsar o confiscar reproduce la figura del amo benévolo con firma digital. Aquí la república se separa de la democracia, tal como anticipaban Madison y Kant: lo que define a una república es que el poder (venga del voto, del contrato o del código) pueda ser rastreado, discutido y corregido por quienes lo padecen.

La salida tampoco basta por sí sola. Hirschman ya advertía que la salida disciplina al poder solo cuando es barata, y la literatura republicana reciente la incorpora como garantía contra la dominación bajo esa misma condición.[50] En un Estado Red maduro, la salida se encarece a medida que la integración crece: la reputación computable no es portable, los activos quedan atados a la red y los nodos físicos son, para muchos miembros, su vivienda. Buterin lo señaló en su lectura del libro: la salida protege sobre todo a quienes ya son ricos y móviles.[51] Una comunidad que se legitima por la posibilidad de irse debe garantizar que irse sea posible, y eso exige reglas que la propia comunidad no pueda alterar a voluntad.

Conviene distinguir aquí entre salida, voz y revisión.

•          La salida permite abandonar una comunidad.

•          La voz permite intentar modificar sus reglas desde dentro.

•          La revisión permite cuestionar una decisión concreta ante una instancia que no depende de quien la adoptó.

Las tres vías son complementarias, pero no intercambiables. La salida puede ser demasiado costosa; la voz puede quedar neutralizada por la distribución del poder; y la revisión puede resultar ineficaz si carece de independencia o capacidad de ejecución. Esta tríada muestra que la alternativa que buscamos aspira a algo más ambicioso que una versión sofisticada de la competencia entre jurisdicciones: una arquitectura en la que las personas puedan ejercer control incluso cuando abandonar la comunidad sea difícil o no constituya una solución razonable.

Hay una simetría que vuelve visible esta exigencia. Lo que Próspera le reclama hoy a Honduras (estabilidad de las reglas, protección frente a la expropiación, acceso a un árbitro independiente) es exactamente lo que cualquier residente necesitaría reclamarle a Próspera. El Estado anfitrión es al enclave lo que el enclave es a su residente, y la economía constitucional sabe desde hace décadas que ese tipo de compromiso solo resulta creíble cuando el poderoso se ata las manos con reglas que no puede cambiar en el período ordinario.[52] Las DAO y el Estado Red votan parámetros dentro del juego, pero carecen de un nivel constitucional que fije los límites del juego mismo.

A esa comunidad la llamaré “República Algorítmica”: una comunidad política cuya autoridad, cualquiera sea su origen (elecciones, contratos o mecanismos algorítmicos), permanece trazable, impugnable ante una instancia independiente, reversible cuando se equivoca, imputable a personas responsables y acotada por un piso material que vuelve reales tanto la voz como la salida. Su punto débil, como indica la última fila de la tabla, es la ejecución: las garantías valen poco si quienes controlan la infraestructura pueden ignorarlas. De ese problema se ocupa la propuesta que sigue.

VII. Una Constitución digital para la República Algorítmica

El Capítulo VII de Constitucionalismo Algorítmico plantea un marco normativo y arquitectónico que podría complementarse con el Estado Red para contrarrestar sus deficiencias teóricas.[53] Si el proyecto de Balaji Srinivasan ofrece el vehículo operativo (redes digitales, capital en cripto, adquisición de nodos territoriales y diplomacia), los diez principios allí desarrollados le otorgarían una dimensión de derecho constitucional que evitaría que degenere en un autoritarismo tecnológico o en un feudo privado opaco. Allí se fijan límites éticos y garantías de auditabilidad (Habeas Log) antes y por encima de cualquier código o votación comunitaria.

Puntos de coincidencia y afinidades en el proyecto original

El ecosistema del Estado Red ya contiene de forma embrionaria varias intuiciones que resuenan directamente con los principios de la obra mencionada (los señalaré con el mismo número con que constan en el libro). En varios casos la afinidad se limita a los medios, y en otros proviene más de los críticos internos del movimiento que del propio Srinivasan.

Constitucionalización del diseño (Principio 7): el Estado Red se cimenta en la premisa Code is Law y en la ejecución automática de contratos inteligentes para dotar de certeza jurídica a las transacciones sin depender de la discrecionalidad burocrática estatal.[54] Comparte con el Principio 7 la idea de inscribir las reglas en la arquitectura; le falta el contenido que el principio exige inscribir.

Control ciudadano indirecto (Principio 6): en las comunidades del ecosistema, la idea de que la comunidad vote las grandes metas o métricas de éxito (el “qué” político) mediante mecanismos on-chain e identidades verificables, dejando la ejecución a la técnica o a la gestión especializada, aparece como contrapeso del modelo centrado en el fundador.[55]

Separación de poderes y resistencia a la captura (Principio 8): consciente de que en las DAO tradicionales el capital (un token = un voto) genera plutocracias, el ala más reflexiva del movimiento propone integrar pruebas de humanidad (proof of humanity), credenciales no transferibles, reputación on-chain y voto cuadrático para evitar que una “ballena” financiera capture las reglas de la red (lo que se corresponde con la separación de esferas de Walzer, que impide que el dinero compre bienes de otra esfera, como el poder normativo).[56]

Auditoría de oráculos (Principio 9): como el Estado Red conecta la nube con la tierra (“Cloud First, Land Last”), depende estructuralmente de oráculos (sensores IoT, firmas criptográficas, verificación biométrica) para validar la realidad física en la blockchain.

Los puntos ciegos del Estado Red

El proyecto de Balaji sufre de un optimismo determinista propio de Silicon Valley. Confunde inmutabilidad con justicia, como si una regla grabada en la blockchain y ejecutada sin intermediarios fuera, por eso mismo, legítima. Carece de un debido proceso algorítmico: no contempla qué ocurre cuando el algoritmo actúa sobre datos falsos, cuando se producen bucles de retroalimentación imprevistos o cuando una sanción automática destruye arbitrariamente la vida digital o física de un ciudadano.[57]

Asimismo, sufre una tendencia al elitismo de exclusión, ya que, sin un piso material inalienable, el Estado Red puede transformarse en un enclave cerrado donde la membresía se pierde de forma fulminante ante cualquier fallo del sistema o fluctuación reputacional.

¿Cómo actualizar y compatibilizar el Estado Red con el constitucionalismo?

Para que el Estado Red sea una alternativa republicana, meritocrática y verdaderamente libertaria, podría estructurarse en torno a las tres capas del debido proceso algorítmico desarrolladas en el mencionado capítulo: una capa ontológica, con la Primacía Humana (Principio 1) y la No Delegación (Principio 2); una capa epistémica, con la Trazabilidad (Principio 4) y la Auditoría de Oráculos (Principio 9); y una capa procedimental-material, con la Reversibilidad (Principio 3) y el piso material universal (Principio 10). A ellas se suma una cláusula transversal de contención y precaución (Principio 5).

a) El nivel ontológico tiene por objetivo bloquear una posible dictadura de la IA.

Primacía Humana (Principio 1): ninguna sanción grave dentro del Estado Red (expulsión de un nodo territorial, incautación de colaterales por infracción contractual o suspensión de la membresía) puede ser ejecutada con carácter definitivo por un algoritmo o una IA. La IA puede ser consultiva, o decisoria en asuntos de bajo impacto, pero la decisión irrevocable sobre derechos fundamentales exige supervisión humana obligatoria (human-in-the-loop).

No Delegación y cascada de responsabilidad (Principio 2): prohíbe la creación de “personalidades jurídicas instrumentales” para las IA dentro del Estado Red. Si un contrato inteligente o un agente automatizado causa un daño en la gestión de un nodo físico, la responsabilidad jurídica salta en cascada al operador humano, al desarrollador del código o al fondo sistémico de garantía.

b) El nivel epistémico asegura que las decisiones puedan conocerse y que los hechos sobre los que se apoyan puedan discutirse.

Trazabilidad y Habeas Log (Principio 4): todo ciudadano del Estado Red tiene derecho a exigir el mapa cognitivo de la decisión que lo afecta (cognitive mapping), es decir, el registro mínimo de qué datos, reglas y parámetros la produjeron, mediante la garantía del Habeas Log.[58]

Rigor en la cadena de custodia de datos (Principio 9): exige redundancia obligatoria de oráculos y derecho de impugnación de la evidencia. Por medio de su aplicación, si un sensor IoT o una IA de visión computacional reporta falsamente que un residente violó una norma del enclave, el residente tiene garantizado el derecho a auditar la fuente de datos antes de sufrir consecuencias patrimoniales.

c) El nivel procedimental-material garantiza que el error pueda corregirse y que la sanción no pueda convertirse en destitución.

Reversibilidad (Principio 3): rompe el dogma de la inmutabilidad ciega. La blockchain mantendrá la trazabilidad inalterable de los hechos, pero la gobernanza del Estado Red debe incluir una “instancia humana de revisión moral” capaz de ejecutar transacciones de compensación o reversión ante errores sistémicos. El registro de lo ocurrido permanece; sus efectos pueden corregirse.

Piso material universal (Principio 10): la pérdida de la membresía, una sanción reputacional o la caída de un nodo no pueden arrastrar consigo la subsistencia de la persona. Un dividendo universal financiado con los rendimientos de los bienes comunes de la red (empezando por los datos que sus propios miembros generan) asegura que nadie quede, por obra de una sanción automática, sin los medios para ejercer su voz o para irse.[59] Es la condición que vuelve efectiva la salida de la que hablábamos en el apartado anterior.

Contención y precaución (Principio 5): la previsión de emergencia y de entornos de prueba establece que todo módulo de IA o contrato inteligente que gestione aspectos críticos (energía, seguridad física, finanzas de la red) debe ser probado primero en entornos controlados (sandboxes) y contar con un botón de desconexión (off-switch) comunitario.[60]

VIII. Prueba de resistencia: cuando el fundador deja de cooperar

Los diez principios dicen qué garantías debería tener una República Algorítmica. Falta saber si sobreviven a un conflicto. Para eso es necesario someter el sistema a una prueba de fuerza (un stress test) mediante la imaginación de una situación extrema: ¿qué sucede si el fundador controla la designación de los revisores, la financiación del sistema de garantías, el acceso a los datos y la infraestructura necesaria para ejecutar las decisiones?

En ese escenario, las garantías constitucionales podrían conservar su existencia formal y perder, al mismo tiempo, su capacidad efectiva de limitar el poder. Los revisores podrían emitir decisiones adversas, pero carecer de medios para ejecutarlas. Los registros podrían documentar una vulneración, pero permanecer bajo el control de quien debe responder por ella. Las reglas podrían reconocer derechos, mientras que su modificación, interpretación o aplicación siguiera dependiendo de la voluntad del mismo actor al que pretenden limitar.

La historia de las blockchains ya ofreció un ensayo de este escenario. En junio de 2016, un atacante explotó una falla en el código de The DAO, el mayor financiamiento colectivo descentralizado de su tiempo, y desvió alrededor de un tercio de sus fondos (unos 3,6 millones de ether). La “reversión” llegó un mes después mediante una bifurcación dura (hard fork) de Ethereum, que devolvió los fondos a sus titulares. Fue posible porque la impulsaron quienes desarrollaban el software de la red y la adoptó la mayoría de quienes la operaban; quienes se opusieron conservaron la cadena original (Ethereum Classic), y para ellos la única vía disponible fue la salida.[61] El episodio contiene en pequeño toda la tesis de este apartado: la reversibilidad existió, y su ejecución dependió por completo de quienes controlaban la infraestructura.

Agregar reglas al código ayuda poco cuando un mismo actor decide, revisa y ejecuta. Hace falta una distribución institucional del poder que impida su concentración simultánea en la decisión, la revisión y la ejecución de las garantías, y una arquitectura constitucional evaluada por su comportamiento bajo condiciones de conflicto, especialmente cuando el titular del poder ordinario tiene razones para resistir el control.

Serían necesarias, al menos, tres condiciones de efectividad constitucional, que trasladan a la práctica los principios ya vistos:

1.        Independencia funcional (en línea con el Principio 8). La instancia de revisión no puede depender enteramente de quien adoptó la decisión cuestionada. Su independencia debe comprender tanto la designación y permanencia de sus integrantes como el acceso a la información, los recursos y los medios técnicos necesarios para examinar el caso. La separación nominal de funciones resulta insuficiente cuando un mismo actor puede condicionar materialmente el ejercicio de todas ellas.

2.        Capacidad de ejecución (en línea con los Principios 3 y 5). Las decisiones de revisión deben poder producir efectos aun contra la voluntad del administrador o fundador. Una autoridad que puede declarar una vulneración, pero no detener sus consecuencias ni obtener la restitución correspondiente, ofrece una garantía incompleta. La cuestión decisiva es si la instancia de control dispone de mecanismos institucionales y técnicos para hacer cumplir sus decisiones, incluso cuando el sujeto obligado controla la infraestructura ordinaria del sistema.

3.        Protección frente a la reforma oportunista (el nivel constitucional que, como vimos en la sección VI, falta en las DAO y en el Estado Red). Los titulares del poder ordinario no pueden modificar unilateralmente las garantías que limitan su actuación. Si el administrador puede alterar las reglas de revisión, retirar sus recursos o redefinir las competencias de los órganos de control en respuesta a una decisión adversa, la garantía queda subordinada a la voluntad que debía contener. Su estabilidad exige procedimientos de reforma diferenciados, límites a la alteración unilateral y mecanismos capaces de resistir los intentos de neutralización del sistema de controles.

Estas tres condiciones son interdependientes. La independencia sin capacidad de ejecución puede producir decisiones simbólicas; la capacidad de ejecución sin independencia puede convertir el control en un instrumento del administrador; y ambas pueden quedar vaciadas de contenido si las garantías que las sostienen pueden ser suprimidas unilateralmente. El problema constitucional aparece, por tanto, en la relación entre las instituciones de control y las condiciones materiales de su funcionamiento. Es la misma lección de la economía constitucional que vimos en la sección VI: un orden bien diseñado hace que la observancia de los límites se sostenga aun cuando el fundador no esté dispuesto a cumplirlos.

La dificultad adquiere una forma particular en los sistemas digitales. En una organización política convencional, la concentración de competencias puede encontrar contrapesos en instituciones que disponen de recursos, personal y capacidades de actuación propios. En una comunidad cuya vida colectiva depende de una infraestructura digital, el control de las claves administrativas, los datos, los mecanismos de identidad, la financiación o los servidores puede otorgar a un único actor una capacidad de intervención transversal. La descentralización de las decisiones visibles, por sí sola, deja intacta la concentración del poder sobre las condiciones que hacen posibles esas decisiones.

Por ello, la prueba debe formular una pregunta adicional: ¿puede el sistema mantener operativas sus garantías cuando el actor técnicamente capaz de desactivarlas decide hacerlo? La transparencia del código, la publicidad de las reglas y la reputación del fundador son respuestas insuficientes. Hay que identificar qué actores pueden activar la revisión, qué recursos permanecen fuera del control unilateral del cuestionado, cómo se ejecutan las decisiones adversas y qué sucede cuando el cumplimiento exige suspender una operación, restituir un derecho o modificar una decisión automatizada.

La exigencia tiene un alcance preciso. Las capacidades cuya concentración permitiría neutralizar las garantías deben someterse a controles independientes y exigibles; otras funciones pueden quedar centralizadas, y la descentralización técnica conserva un valor instrumental. La arquitectura institucional puede adoptar distintas formas, pero debe impedir que el titular del poder ordinario sea, al mismo tiempo, la fuente exclusiva de las garantías, el juez último de sus controversias y el ejecutor discrecional de sus resultados.

La prueba final es, en consecuencia, contrafáctica: ¿qué puede hacer un miembro de la comunidad cuando el fundador deja de cooperar? Si la única respuesta consiste en abandonar el sistema, las garantías internas no ofrecen una protección suficiente frente al poder arbitrario, sobre todo cuando abandonar implica perder recursos, vínculos, identidad digital o medios de subsistencia.

Una República Algorítmica debe demostrar su carácter republicano precisamente en ese momento. Su legitimidad se mide por la existencia de vías efectivas para cuestionar el poder, obtener una decisión independiente y hacerla cumplir incluso cuando hacerlo contradice los intereses de quienes administran el sistema; la forma en que se adoptan las decisiones y la sofisticación de sus mecanismos técnicos vienen después.

En otras palabras, la prueba de una Constitución no es que sus reglas funcionen mientras el poder consiente en respetarlas, sino que continúen protegiendo a los gobernados cuando ese consentimiento desaparezca.

Conclusión

La democracia tradicional tiene problemas estructurales innegables, y los intentos libertarios entran en su misma dinámica. El Estado Red es una propuesta disruptiva y útil, pero presenta problemas de cooptación por élites o por la misma dinámica optimizadora de la IA: sin una Constitución digital algorítmica correría el riesgo de convertirse en un experimento de procedimentalismo tokenizado, vulnerable a la opacidad de la caja negra y a la plutocracia de los poseedores de tokens. Lo vimos en los proyectos de Thiel, Yarvin y Srinivasan, que cuestionan diferentes aspectos del Estado democrático tradicional. Sus propuestas no resuelven automáticamente el problema constitucional de la dominación: trasladar la autoridad desde los representantes políticos hacia propietarios, gestores, protocolos o sistemas automatizados modifica la localización del poder, pero no garantiza su limitación. La cuestión decisiva pasa a ser qué mecanismos permiten controlar a quienes diseñan, ejecutan e interpretan las reglas de una comunidad.

En definitiva, ninguna forma de organización política (sea democrática, contractual o algorítmica) queda constitucionalmente legitimada si sus integrantes carecen de medios efectivos para controlar el poder que los gobierna. Desde esa perspectiva, el Constitucionalismo Algorítmico consiste en hacer que el poder permanezca trazable, impugnable y sujeto a revisión, incluso cuando la ejecución sea automatizada y la autoridad no proceda de una democracia representativa tradicional.

Implementados en el Estado Red, los principios desarrollados podrían transformar ese “mercado de gobernanza digital” en una República Algorítmica donde el código respete la primacía humana, la verdad de los datos sea auditable y la autonomía del individuo esté protegida por un debido proceso diseñado directamente en la arquitectura del sistema.

[1] Platón, República, libro VIII, 555b-562a (la democracia como régimen que nace del exceso de libertad) y 562a-569c (su degeneración en tiranía). Winston Churchill, discurso ante la Cámara de los Comunes, 11 de noviembre de 1947: “it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time”. Churchill presenta la idea como algo que “se ha dicho”, y la usa para defender la democracia, lo que coincide con el argumento del texto en cuanto la contrasta con formas de gobierno inferiores.

[2] La primera frase proviene de la entrevista de Joaquín Soler Serrano a Borges en el programa A fondo (TVE), grabada en 1976: “La democracia es un abuso de la estadística, nada más”. La segunda, en forma completa, es: «Para mí ser político es uno de los oficios más tristes del ser humano. No lo digo contra ningún político en particular, sino en general. Una persona que trata de hacerse popular entre todos, debe necesariamente carecer de principios y de vergüenza. El político en sí no me inspira ningún respeto» (programa Tiempo Nuevo, 1976).

[3] La tesis tiene una larga tradición en la sociología política, desde la “ley de hierro de la oligarquía” de Robert Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie (1911), hasta estudios empíricos contemporáneos como Martin Gilens y Benjamin I. Page, “Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens”, Perspectives on Politics 12, n.º 3 (2014): 564-581, que encuentran que las preferencias de las élites económicas y de los grupos de interés organizados explican la política pública estadounidense mucho mejor que las del ciudadano medio.

[4] Alexis de Tocqueville, La democracia en América, vol. I (1835), segunda parte, cap. 7; John Stuart Mill, Sobre la libertad (1859), cap. 1.

[5] Sobre el cortoplacismo inducido por el calendario electoral, el trabajo clásico es William D. Nordhaus, “The Political Business Cycle”, Review of Economic Studies 42, n.º 2 (1975): 169-190.

[6] El argumento del sesgo deficitario de las democracias fue formulado por James M. Buchanan y Richard E. Wagner, Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes (Nueva York: Academic Press, 1977). Según el Fondo Monetario Internacional, la deuda pública mundial superó los 100 billones de dólares en 2024: FMI, Fiscal Monitor, octubre de 2024. La persistencia del orden institucional puede comprenderse también a partir de esas restricciones: Diego Giacomini ha señalado que lo que suele denominarse statu quo es el resultado de una arquitectura institucional y de un esquema de incentivos que condicionan el comportamiento de los actores políticos (entrevista en Infobae, 18 de febrero de 2018, https://www.infobae.com/economia/2018/02/18/diego-giacomini-el-gobierno-no-piensa-en-la-macroeconomia-solo-en-ganar-elecciones/). Cuando el endeudamiento acumulado obliga a refinanciar y a conservar el acceso a los mercados internacionales, alterar las reglas existentes se vuelve, además, más costoso.

[7] James Madison, El Federalista n.º 10 (1787), donde distingue entre “una democracia pura” y “una república, es decir, un gobierno en el que tiene lugar el esquema de la representación”. Immanuel Kant, Hacia la paz perpetua (1795), primer artículo definitivo: el republicanismo es “el principio político de la separación del poder ejecutivo (gobierno) del legislativo”, y la democracia, entendida como forma de soberanía en la que todos deciden sobre uno y aun contra uno, es “necesariamente un despotismo”.

[8] Para una defensa contemporánea, dentro del liberalismo, de alternativas que no se agotan en la democracia, véase Jason Brennan, Against Democracy (Princeton: Princeton University Press, 2016).

[9] Albert O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970). Thiel no cita a Hirschman en su ensayo de 2009; quien trasladó explícitamente el par salida/voz al mundo tecnológico fue Balaji Srinivasan en su charla “Silicon Valley’s Ultimate Exit”, Startup School de Y Combinator, octubre de 2013.

[10] Peter Thiel, “The Education of a Libertarian”, Cato Unbound, 13 de abril de 2009: “I no longer believe that freedom and democracy are compatible”. En el mismo texto atribuye el deterioro desde 1920 al “vasto aumento de los beneficiarios del Estado de bienestar” y a la extensión del sufragio a las mujeres, afirmación que generó fuertes críticas y que Thiel aclaró días después en la misma publicación.

[11] La formulación económica clásica del “voto con los pies” es de Charles M. Tiebout, “A Pure Theory of Local Expenditures”, Journal of Political Economy 64, n.º 5 (1956): 416-424.

[12] Thiel, “The Education of a Libertarian”, cit., donde habla de “three such technological frontiers”: el ciberespacio, el espacio exterior y el seasteading. Las ciudades chárter no figuran en el ensayo; su conexión con Thiel llega más tarde, a través de las inversiones de su entorno en Pronomos y Próspera.

[13] El Seasteading Institute fue fundado el 15 de abril de 2008 por Patri Friedman y Wayne Gramlich; Thiel aportó 500.000 dólares de capital inicial. Su proyecto más avanzado, un memorando con la Polinesia Francesa firmado en enero de 2017 para crear una “zona marítima” semiautónoma, caducó a fines de ese año.

[14] La idea de la ciudad chárter fue popularizada por el economista Paul Romer, “Technologies, Rules, and Progress: The Case for Charter Cities”, Center for Global Development, 2010. Romer participó en el primer intento hondureño y se retiró en 2012, cuestionando la falta de transparencia del proceso.

[15] Zachary R. Mider, “The Hottest New Thing in Seasteading Is Land”, Bloomberg Businessweek, 2020, que identifica a Thiel como inversor ancla (más de la mitad del capital del fondo) y menciona entre los inversores a Marc Andreessen, Balaji Srinivasan y Roger Ver.

[16] Sobre el Acuerdo de Convivencia como contrato vinculante entre Próspera y cada residente, véase Mark Lutter, “A Charter City Finally in Honduras?”, Marginal Revolution, 19 de mayo de 2020: Próspera “no puede cambiar los términos sin exponerse a responsabilidad legal”.

[17] Próspera ZEDE, “Regulatory Insurance Explained” (centro de ayuda oficial): el seguro regulatorio, previsto en el Estatuto de Responsabilidad Financiera, es obligatorio para los residentes de tiempo completo y opcional para los e-residentes, salvo que operen en industrias reguladas; la falta de cobertura puede acarrear la terminación del Acuerdo de Convivencia.

[18] Las normas de Próspera permiten elegir la regulación de “jurisdicciones extranjeras aprobadas” (los llamados Best Practice Peer Countries), proponer una regulación propia sujeta a aprobación u operar bajo responsabilidad agravada de common law. El proveedor de arbitraje por defecto es el Próspera Arbitration Center.

[19] Yarvin escribió el blog Unqualified Reservations entre 2007 y 2014. En 2013 cofundó Tlon, la empresa detrás de Urbit, financiada por Founders Fund, el fondo de Thiel. Sobre su influencia actual, véase Ava Kofman, “Curtis Yarvin’s Plot Against America”, The New Yorker, 2 de junio de 2025, y David Marchese, “Curtis Yarvin Says Democracy Is Done. Powerful Conservatives Are Listening”, The New York Times, 18 de enero de 2025.

[20] Hans-Hermann Hoppe, Democracy: The God That Failed. The Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order (New Brunswick: Transaction, 2001).

[21] Friedrich A. Hayek, “The Use of Knowledge in Society”, American Economic Review 35, n.º 4 (1945): 519-530. Sobre el voto cuadrático, Steven P. Lalley y E. Glen Weyl, “Quadratic Voting: How Mechanism Design Can Radicalize Democracy”, AEA Papers and Proceedings 108 (2018): 33-37. Entre los experimentos de democracia líquida, el más estudiado es el uso de LiquidFeedback por el Partido Pirata alemán a partir de 2010.

[22] Balaji Srinivasan, The Network State: How to Start a New Country (autoedición, 2022), disponible en thenetworkstate.com.

[23] Conviene distinguir esta caricatura mediática de la crítica académica seria, que no reduce el fenómeno a fascismo pero sí lo describe como un proyecto de capitalismo emancipado de la democracia: Quinn Slobodian, Crack-Up Capitalism: Market Radicals and the Dream of a World Without Democracy (Nueva York: Metropolitan Books, 2023); Raymond B. Craib, Adventure Capitalism: A History of Libertarian Exit from the Era of Decolonization to the Digital Age (Oakland: PM Press, 2022).

[24] El fracaso del acuerdo del Seasteading Institute con la Polinesia Francesa (véase más arriba la nota sobre el Seasteading Institute) es un ejemplo temprano: el gobierno local declaró en 2018 que el memorando “no era un documento legal”.

[25] El proyecto de “ciudades modelo” (Regiones Especiales de Desarrollo) fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema hondureña en 2012. El Congreso, entonces presidido por Juan Orlando Hernández, destituyó a cuatro de los cinco magistrados de esa Sala y en 2013 aprobó la reforma constitucional y la ley orgánica de las ZEDE. Véase “Honduras ‘retakes sovereignty’ by nixing corporate enclaves”, Al Jazeera, 13 de mayo de 2022. Hernández presidió el país entre 2014 y 2022, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico a 45 años de prisión (junio de 2024) y fue indultado por el presidente Trump el 1 de diciembre de 2025: Congressional Research Service, “Presidential Pardon of Former Honduran President Convicted of Drug Trafficking”, IN12621, diciembre de 2025.

[26] El Congreso hondureño derogó por unanimidad la ley de ZEDE en abril de 2022, y el 20 de septiembre de 2024 la Corte Suprema declaró inconstitucional el régimen con efectos retroactivos. Próspera inició el arbitraje Honduras Próspera Inc. y otros c. República de Honduras (CIADI, caso n.º ARB/23/2) al amparo del CAFTA-DR, con un reclamo inicial de 10.775 millones de dólares, luego reducido a unos 1.630 millones. Honduras se retiró del CIADI con efecto en agosto de 2024 y, bajo el gobierno de Nasry Asfura (asumido en enero de 2026), volvió a ser miembro con efecto el 16 de agosto de 2026. En septiembre de 2026 la Procuraduría General presentó una denuncia penal por traición a la patria contra dos personas vinculadas al proyecto, mientras Próspera proponía negociaciones con el Estado. Véanse IAReporter, “Prospera v. Honduras”, y The Rio Times, 29 de septiembre de 2026.

[27] La imagen proviene de la fotografía “Guerrillero heroico” de Alberto Korda (1960). Sobre su mercantilización, Michael Casey, Che’s Afterlife: The Legacy of an Image (Nueva York: Vintage, 2009). Sobre la absorción de la contracultura por el mercado, Thomas Frank, The Conquest of Cool (Chicago: University of Chicago Press, 1997), y Joseph Heath y Andrew Potter, Rebelarse vende: el negocio de la contracultura (Madrid: Taurus, 2005).

[28] Milei se presentó durante la campaña de 2023 como anarcocapitalista y sostuvo que “la idea es cerrar el Banco Central”; tras el balotaje, su oficina de presidente electo afirmó que el cierre “no es un asunto negociable”. El 30 de julio de 2026, en cambio, el Presidente presentó un proyecto de reforma de la carta orgánica del BCRA que le asigna el mandato único de preservar el valor de la moneda y refuerza la estabilidad de sus autoridades, es decir, la apuesta por reformar la institución. Véase “De dinamitarlo a intervenirlo: qué decía Javier Milei sobre el Banco Central antes de ser presidente”, C5N, 30 de julio de 2026.

[29] La abolición de la banca central es la posición de Murray N. Rothbard, The Case Against the Fed (Auburn: Ludwig von Mises Institute, 1994). Hayek propuso una vía diferente, la competencia entre monedas privadas: Friedrich A. Hayek, Denationalisation of Money (Londres: Institute of Economic Affairs, 1976). La base teórica común está en Ludwig von Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel (1912).

[30] Tras la devaluación de diciembre de 2023, el gobierno aplicó un crawling peg del 2 % mensual, reducido al 1 % en febrero de 2025. El 14 de abril de 2025 se levantó el cepo para personas humanas y se estableció un régimen de bandas cambiarias; desde enero de 2026 los límites de la banda se actualizan según la inflación. Véase “BCRA anuncia cambios en el ritmo al que ajustan las bandas y un programa de acumulación de reservas”, Bloomberg Línea, 15 de diciembre de 2025.

[31] En mayo de 2025 el gobierno anunció que no homologaría acuerdos paritarios con aumentos superiores al 1 % mensual, y objetó la paritaria de Comercio: “El Gobierno no homologará aumentos superiores al 1% mensual”, Diario de Cuyo, 3 de mayo de 2025.

[32] Ayn Rand, The Virtue of Selfishness (Nueva York: Signet, 1964); en castellano, La virtud del egoísmo. Rand y la Escuela Austríaca comparten la defensa del mercado libre, aunque parten de fundamentos filosóficos distintos.

[33] El Decreto 782/2024 vetó en forma total la ley de movilidad jubilatoria sancionada por el Congreso en agosto de 2024. El bono previsional de 70.000 pesos quedó congelado en ese valor nominal a partir de marzo de 2024 y se mantuvo así durante 2024 y 2025 (Decreto 783/2024 y siguientes).

[34] Mediante el Decreto 137/2025, el Poder Ejecutivo designó “en comisión”, durante el receso legislativo de febrero de 2025, al cuestionado juez Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema; el Senado rechazó ambos pliegos el 3 de abril de 2025. Los cambios posteriores de la arquitectura judicial se parecen más a la construcción de un sistema cuyo resultado probable sea la impunidad del poder que a una auténtica reforma. En mayo de 2026 trascendió el plan oficial de reducir los juzgados federales que investigan causas de corrupción (La Nación, 3 de mayo de 2026, https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-planea-reducir-los-juzgados-federales-que-investigan-las-causas-de-corrupcion-nid03052026/). En septiembre de 2026 el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció 166 designaciones judiciales (jueces, fiscales y defensores) en un año, que presentó como “una cifra récord”; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia denunció “un cúmulo de irregularidades” en los concursos y el CELS advirtió sobre conflictos de interés y la debilidad de la independencia judicial (MercoPress, 14 de septiembre de 2026, https://es.mercopress.com/2026/09/14/milei-alcanza-166-designaciones-judiciales-en-un-ano-y-anuncia-una-reforma-de-los-tribunales-federales). Las críticas más duras apuntan a la designación de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola en la Sala I de la Cámara Federal porteña, aprobada por el Senado el 27 de agosto de 2026; esa sala debe revisar causas sensibles para el gobierno, como la causa $LIBRA y la de presuntas coimas en la ANDIS (iProfesional, 27 de agosto de 2026, https://www.iprofesional.com/politica/463173-el-senado-aprobo-pliegos-de-dos-jueces-de-un-tribunal-estrategico-para-el-gobierno). Para la lectura de esas designaciones como un “pacto de impunidad”, véanse Periódico Tribuna, https://periodicotribuna.com.ar/el-senado-sella-el-pacto-de-impunidad-de-mahiques-dos-jueces-cuestionados-manejaran-la-causa-libra/, y El Destape, https://www.eldestapeweb.com/politica/milei-mahiques-moldean-justicia-medida-casta-les-da-frutos-2026951691.

[35] El caso chino sirve para evidenciar el contraste. No hay sacrificios sociales tolerables si no hay igualdad de mérito. China opera mediante una tecnocracia orientada a resultados: el régimen legitima su poder, no mediante urnas, sino construyendo infraestructura a velocidad récord y elevando el nivel de vida material. Cuando una democracia en crisis aplica un ajuste doloroso pero mantiene la arbitrariedad en la asignación de costos y beneficios, destruye la noción de mérito y regala la batalla cultural al statu quo que pretendía combatir. Sobre la “legitimidad por desempeño”, véanse Dingxin Zhao, “The Mandate of Heaven and Performance Legitimation in Historical and Contemporary China”, American Behavioral Scientist 53, n.º 3 (2009): 416-433, y Daniel A. Bell, The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy (Princeton: Princeton University Press, 2015).

[36] Srinivasan, The Network State, cit., cap. “The Network State in One Thousand Words”: “go cloud first, land last, but not land never”. El libro enumera siete pasos (fundar una sociedad emergente, organizarla para la acción colectiva, construir confianza presencial y una criptoeconomía, financiar colectivamente nodos físicos, conectarlos digitalmente, realizar un censo on-chain y obtener reconocimiento diplomático). Aquí se los condensa en cinco.

[37] Zuzalu se desarrolló entre el 25 de marzo y el 25 de mayo de 2023 en Lustica Bay (Montenegro), con unos 200 residentes permanentes. Allí se utilizó Zupass, un sistema de identidad basado en pruebas de conocimiento cero. En los dieciocho meses siguientes surgieron alrededor de veinte réplicas (ZuConnect, Edge City, Vitalia en Próspera, entre otras). Véase Gitcoin, “Zuzalu and Pop-Up Cities: Temporary Coordination Experiments”.

[38] El 21 de julio de 2026, el Concejo Municipal de Iskandar Puteri revocó la licencia comercial de NS0 Malaysia Sdn. Bhd. por incumplir las condiciones de uso de sus instalaciones, y la clausura se hizo efectiva al día siguiente; la Corporación de Economía Digital de Malasia inició además la revocación de su estatus de empresa digital. La medida siguió a una investigación migratoria en la que, según las autoridades, no se detectaron irregularidades documentales. Ese mismo mes Srinivasan anunció un memorando de entendimiento con la República de Kazajistán para un nuevo campus. Véanse “Balaji Threatens Malaysia Exit as Network School Seeks Legal Deal”, crypto.news, 17 de julio de 2026, y “Malaysia Closes Balaji Srinivasan’s Network School”, Freaking Nomads, julio de 2026.

[39] En octubre de 2024 su fundador, Dryden Brown, afirmó haber obtenido 525 millones de dólares en financiamiento sujeto a hitos; el proyecto exploró sitios en el Mediterráneo, Groenlandia y California. En septiembre de 2026 Praxis anunció la movilización de unos 1.000 millones de dólares en tres años en “+Colonia”, un desarrollo de 515 hectáreas a orillas del Río de la Plata iniciado en 2022 por el empresario Eduardo Bastitta, con primeros residentes previstos para mediados de 2027. Véase “Nace +Colonia, la primera nación digital”, Urgente24, 27 de septiembre de 2026. Las cifras de financiamiento y de “ciudadanos” provienen del propio proyecto y no han sido verificadas de manera independiente.

[40] Frank Pasquale, The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015).

[41] Los efectos en cadena, a mediano y largo plazo, que se generan a partir de una decisión o acción inicial dentro de un sistema.

[42] El concepto proviene de John Hardwig, “Epistemic Dependence”, Journal of Philosophy 82, n.º 7 (1985): 335-349: quien no puede evaluar por sí mismo las razones de una conclusión depende racionalmente de quien sí puede, lo cual desplaza la pregunta hacia la confiabilidad y el control de esos expertos.

[43] La Risk Core Unit (RISK-001) fue creada en 2021 con el mandato de proponer los parámetros de riesgo del protocolo (primas, techos de deuda, ratios de liquidación) y evaluar nuevos colaterales: MakerDAO, MIP39c2-SP2, “Adding Risk Core Unit”. Sobre la concentración del voto, Xiaotong Sun, Charalampos Stasinakis y Georgios Sermpinis, “Decentralization Illusion in Decentralized Finance: Evidence from Tokenized Voting in MakerDAO Polls”, arXiv:2203.16612 (2022). En noviembre de 2024 cuatro entidades, de unas veinte votantes, concentraron casi todo el voto que mantuvo el cambio de marca de MakerDAO a Sky (The Block, 7 de noviembre de 2024). Un documento de trabajo del Banco Central Europeo de 2026 halló que los cien mayores tenedores concentran más del 80 % de los tokens de gobernanza en Aave, MakerDAO, Ampleforth y Uniswap: BCE, “Who to Regulate? Identifying Actors within DeFi’s Governance”, Working Paper n.º 3208.

[44] El “jueves negro” de MakerDAO (12 de marzo de 2020) es el ejemplo de manual: durante la caída del precio de ETH, la congestión de la red permitió que subastas automáticas de liquidación se adjudicaran por ofertas de cero DAI, con pérdidas de varios millones de dólares para los titulares de las garantías, sin tiempo alguno para una respuesta de gobernanza. Véase Lewis Gudgeon et al., “The Decentralized Financial Crisis”, arXiv:2002.08099 (2020).

[45] El colapso de la stablecoin algorítmica TerraUSD y del token Luna en mayo de 2022, que destruyó en pocos días un valor de mercado de decenas de miles de millones de dólares, mostró cómo mecanismos diseñados para un dominio (la estabilidad del precio) se propagan de forma no lineal a otros (liquidez, crédito, confianza).

[46] Es la ley de Goodhart, en la formulación de Marilyn Strathern: “cuando una medida se convierte en objetivo, deja de ser una buena medida”. Para su tipología en sistemas de optimización, David Manheim y Scott Garrabrant, “Categorizing Variants of Goodhart’s Law”, arXiv:1803.04585 (2018). He desarrollado este punto bajo la noción de deriva normativa monotónica, la erosión irreversible de las restricciones en sistemas basados en optimización.

[47] El Consejo de Próspera tiene nueve miembros con voto, de los cuales Honduras Próspera Inc. designa cuatro; las normas que terminen contratos existentes requieren dos tercios de los votos del Consejo, de modo que los miembros designados por la empresa pueden bloquearlas. Por encima del Consejo, un comité de adopción de mejores prácticas puede revocar decisiones locales. Véase Beth Geglia y Andrea Nuila, “A Private Government in Honduras Moves Forward”, NACLA, febrero de 2021 (reproducido en Portside, 22 de febrero de 2021, https://portside.org/2021-02-22/private-government-honduras-moves-forward). Buterin menciona además el referéndum previsto para cuando la ciudad alcance cien mil residentes como modelo parcial de transición hacia el autogobierno: Vitalik Buterin, “What Do I Think about Network States?”, 13 de julio de 2022.

[48] Srinivasan, The Network State, cit., definición en un párrafo: “a social network with a moral innovation, a sense of national consciousness, a recognized founder, a capacity for collective action, an in-person level of civility, an integrated cryptocurrency, a consensual government limited by a social smart contract…”.

[49] Philip Pettit, Republicanism: A Theory of Freedom and Government (Oxford: Oxford University Press, 1997), y On the People’s Terms: A Republican Theory and Model of Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 2012); Quentin Skinner, Liberty before Liberalism (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

[50] Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty, cit.; Robert S. Taylor, Exit Left: Markets and Mobility in Republican Thought (Oxford: Oxford University Press, 2017), que defiende la salida como instrumento republicano contra la dominación siempre que sea efectivamente accesible.

[51] Buterin, “What Do I Think about Network States?”, cit., donde advierte que la salida beneficia principalmente a quienes son ricos y móviles, y propone una hoja de ruta de “salida hacia la comunidad” que reduzca progresivamente el poder del fundador.

[52] La distinción entre la elección constitucional de las reglas y la elección ordinaria dentro de ellas es de James M. Buchanan y Gordon Tullock, The Calculus of Consent (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962). Sobre las restricciones constitucionales como mecanismo de compromiso creíble, Douglass C. North y Barry R. Weingast, “Constitutions and Commitment”, Journal of Economic History 49, n.º 4 (1989): 803-832.

[53] Gastón Rey, Algorithmic Constitutionalism (publicación independiente, Amazon Kindle, 2026), cap. VII, https://www.amazon.com/dp/B0HK6QL7QX.

[54] La fórmula proviene de Lawrence Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace (Nueva York: Basic Books, 1999), y “Code Is Law”, Harvard Magazine, enero de 2000. Lessig la formuló como advertencia sobre el poder regulador del código.

[55] La propuesta más elaborada de equilibrar al fundador con mecanismos participativos está en Buterin, “What Do I Think about Network States?”, cit. Una versión formalizada de “votar los valores, apostar sobre los medios” es la futarquía de Robin Hanson, “Shall We Vote on Values, But Bet on Beliefs?”, Journal of Political Philosophy 21, n.º 2 (2013): 151-178.

[56] Michael Walzer, Spheres of Justice (Nueva York: Basic Books, 1983). Sobre las credenciales no transferibles, E. Glen Weyl, Puja Ohlhaver y Vitalik Buterin, “Decentralized Society: Finding Web3’s Soul” (SSRN, 2022).

[57] Danielle Keats Citron, “Technological Due Process”, Washington University Law Review 85 (2008): 1249-1313; Kate Crawford y Jason Schultz, “Big Data and Due Process”, Boston College Law Review 55 (2014): 93-128.

[58] Gastón Rey, Habeas Log (SSRN, 2026), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=7419819.

[59] El fundamento es la tesis de los datos como res communes omnium desarrollada en Rey, Algorithmic Constitutionalism, cit., y en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6648040.

[60] El derecho positivo ya recoge la figura: el Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial obliga a los Estados miembros a establecer espacios controlados de pruebas para la IA (art. 57).

[61] Ethereum Foundation, “Hard Fork Completed”, 20 de julio de 2016, https://blog.ethereum.org/2016/07/20/hard-fork-completed. La bifurcación se activó en el bloque 1.920.000; la cadena que no la adoptó continuó como Ethereum Classic.